La investigación policial se inició en Madrid a raíz de una denuncia presentada por EGEDA, la entidad que protege los derechos de productores audiovisuales y a la que se ha sumado Mediapro y La Liga de Fútbol Profesional, se ha saldado, por el momento, con seis personas investigadas, entre ellas el propietario de la firma, y ocho registros en los que se han incautado 4.600 terminales. Actualmente, los investigados en la causa contra un supuesto delito de propiedad intelectual por los aparatos WebTV se elevan a cinco personas. Tres de ellos, entre los que se encuentra el propietario, fueron detenidos en Galicia; uno en Bailén, (Jaén); y un quinto no llegó a ser arrestado y fue localizado en Barcelona.
La Policía Nacional –autoridad policial ante la que se puso la denuncia en Madrid– ha informado este viernes del operativo desplegado por «la distribución de contenidos televisivos», para el que han contado con el apoyo de Europol.
En un comunicado, la Policía ha indicado que estos aparatos, por los que Blusens ha facturado –según los datos policiales– 1,5 millones de euros en ventas, se comercializaban en más de 14.000 puntos de venta y permitía «el acceso ilícito a la señal de televisión de multitud de canales, algunos de acceso condicionado a pago». Además de en tiendas físicas en la geografía española, este producto se podía comprar en plataformas de venta online.
Fuentes conocedoras de la investigación han precisado que el montante total se eleva a 1.400 euros en una sede 30 billetes de diez euros, 20 billetes de 20 euros y 14 billetes de 50 euros– y otros 440 euros, lo que se correspondería con el dinero en metálico para gestiones diarias de la empresa.
Control remoto
Por otro lado, la Policía Nacional ha explicado que el diseño y desarrollo del terminal se realizaba en el laboratorio de I+D de la empresa, en donde también «se desarrollaban las aplicaciones con las que acceder a películas, series o eventos deportivos». El detenido en Bailén era el presunto encargado de desarrollar aplicaciones para acceder al contenido ilícito y daba soporte a un foro que asesoraba a los usuarios sobre el uso del mismo.
Fuentes de las partes que han denunciado han asegurado a que, precisamente, en uno de los registros en la capital gallega se hicieron incautaciones de los ordenadores con los que se hacía el «control remoto» del servidor, que según explicó la Policía se sitúa en Francia.
Consultados usuarios del aparato WebTV, han explicado que el receptor se sigue encendiendo, pero no se conecta a internet ni a la red wifi, lo que a su vez permitía acceder a otros contenidos.
La Policía ha indicado que la investigación desarrollada ha permitido «comprobar y certificar» que, a través de herramientas de certificación digital que se»comercializaba en grandes superficies y de forma masiva un dispositivo multimedia que permitía visionar de forma gratuita contenidos televisivos y audiovisuales infringiendo derechos de propiedad intelectual».
Ahora instruye el caso el Juzgado número 3 de Santiago, cuyo titular, Andrés Lago Louro, ordenó retirar de la venta y paralizar la comercilización de estos productos. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que ya se ha decretado el levantamiento del secreto de actuaciones este mismo viernes.
FORO ESPECIALIZADO
En su comunicado, la Policía Nacional ha explicado que el diseño y desarrollo técnico del dispositivo se realizaba en el laboratorio de la empresa en Galicia y la producción se hacía en China. La distribución se realizaba en grandes superficies o tiendas de electrodomésticos o en canales de venta online y el precio oscilaba entre los 90 y los 130 euros, según fuentes del sector consultadas por Europa Press.
En el laboratorio I+D, explica la Policía, «también se desarrollaban las aplicaciones que permitían el acceso ilícito a los contenidos audiovisuales canales de televisión».
Por su parte, los contenidos televisivos y otros eventos deportivos, películas o series, «se encontraban alojados en un servidor en Francia, si bien el control del mismo se realizaba de forma remota desde el departamento de I+D de la mercantil».
La Policía ha explicado que los clientes «recibían asesoramiento en un foro especializado» que funcionaba a modo de servicio técnico y que permitía «visionar contenidos ilícitos». También desde ahí «se podía descargar el firmware necesario para actualizar la conexión con el servidor desde donde se emitían los contenidos».
Así, explica la Policía, una vez descargada la aplicación e instalado el software, el cliente «podía acceder a cientos de canales de televisión, la mayoría condicionados a pago y a listados ordenados de copias fraudulentas de obras audiovisuales por diferentes plataformas de pago».