El PCE de Jaén aprobó una resolución en favor del olivar tradicional:
La provincia de Jaén se configura como uno de los territorios en los que la crisis general del medio rural se viene cebando con dureza. Al secular déficit de inversiones públicas en materia de infraestructuras y de promoción e incentivos industriales con el que ha sido castigada nuestra provincia, ya desde la época franquista; al deterioro y desmantelamiento generalizado de los servicios públicos en el medio rural, se añaden las consecuencias que están ocasionando las dañinas y erráticas políticas diseñadas desde la Unión Europea con respecto a la agricultura, reflejándose todo ello en un constante descenso demográfico, indicador inequívoco de que algo -o muchas cosas- no funcionan en nuestra provincia.
El olivar, además de constituir la base económica de una provincia como Jaén, convertida en un auténtico desierto industrial, ha jugado un papel clave para fijar la población en el medio rural, evitando que el vaciamiento poblacional –grave y preocupante en Jaén- haya sido de un calado todavía mayor. El olivar, además de ser un sector socio-económico estratégico, juega un papel fundamental desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental en nuestra provincia.
Para el Partido Comunista, las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de España, aún siendo evidentemente insuficientes, suponen un cierto avance y, sobre todo, deben suponer el inicio de otras de mayor calado de cara a afrontar el problema de la sostenibilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas en general, y del olivar en particular. En concreto, el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, entre otras cosas, establece:
La obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los contratos de compra-venta de aceite; la prohibición de establecer precios por debajo del coste de producción (prohibición de la venta a pérdidas); la regulación de las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios; o la publicidad de las sanciones para los agentes que hayan cometido infracciones graves o muy graves. De otro lado, el citado Real Decreto-ley 5/2020 también establece medidas de carácter social que afectan a l@s trabajador@s del medio rural, al incluir la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de l@s trabajador@s eventuales agrarios residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, una reivindicación, «de mínimos», largamente demandada desde el PCE y desde IU. Igualmente, el Real Decreto-ley establece bonificaciones en la cuota empresarial para la conversión de contratos eventuales de trabajador@s agrarios en contratos indefinidos o en contratos fijos-discontinuos, así como la ampliación de la actuación de la Inspección de Trabajo a los locales, viviendas, u otros lugares habilitados, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que se ejecute la prestación laboral, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores por razón de su trabajo durante los períodos de descanso.
Por todo lo expuesto, la Conferencia Política Provincial del PCE de Jaén:
1º.- Saluda y apoya las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, a la vez que pide al Gobierno de España la urgente implementación de tales medidas y de aquellas otras que, como la relativa a la trazabilidad en el etiquetado de los precios del aceite de oliva en sus distintas fases desde la producción a su venta al consumidor, tengan como objetivo último facilitar la viabilidad económica del sector del olivar y el aceite de oliva, en la perspectiva de contribuir a garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país.
2º.- Mantiene su apuesta por la recuperación del precio de intervención y del sistema de intervención del aceite de oliva, apuesta corroborada tras los ineficaces resultados que ha demostrado el sistema de almacenamiento privado de cara a garantizar unos precios justos y viables para el mantenimiento de la actividad en el sector oleícola de miles de pequeños y medianos agricultor@s.
3º.- Mantiene su apoyo a la recuperación de las ayudas acopladas a la producción de aceite, con modulación de las mismas en función decreciente con respecto al tamaño de las explotaciones -hasta la extinción total de las mismas a partir de un determinado umbral de producción-, y contemplando un tratamiento específico para el olivar en pendiente y/o de baja producción y rentabilidad.
4º.- Exige la prohibición taxativa de las mezclas de aceite de oliva con otras grasas, sin la cual están llamadas al fracaso las estrategias de expansión comercial del aceite basadas, fundamentalmente, en la calidad, la excelencia y la transparencia hacia el consumidor de este producto.
5º.- Exige a las distintas administraciones públicas, en función de sus respectivos niveles competenciales, la puesta en marcha efectiva y con dotación presupuestaria de políticas que impulsen la concentración de la oferta de aceite de oliva, que permitan defender el valor y la estabilidad del precio del aceite en su comercialización.
